Entidades protectoras

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, menciona en su artículo 10 que: “Se debe conceder a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”

La Comisión Nacional y las Comisiones, Procuradurías o Defensorías de Derechos Humanos en los Estados de la República, proporcionan servicios gratuitos de orientación sobre la protección jurídica de las familias y asesoría con relación a las autoridades, procedimientos o procesos que las personas pueden seguir para resolver conflictos familiares concretos.

La atención puede ser vía telefónica, por correo electrónico o personalmente en sus instalaciones.

Según la naturaleza de la problemática y entidad federativa de residencia, intervienen distintas autoridades, por ejemplo:

Falta de pago de alimentos	Sistemas DIF (autoridad conciliatoria), 3 Centros de Mediación o Justicia Alternativa, Secretaría de Relaciones Exteriores (si el deudor reside en el extranjero) Juez civil/ familiar o Ministerio Público.
Guarda y custodia/visitas y convivencias con las hijas(os)	Sistemas DIF, Centros de Mediación o Justicia Alternativa, Juez civil/familiar, Ministerio Público (en casos de sustracción o retención de menores de edad).
Violencia Familiar	Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas DIF, Ministerio Público, Centros de Atención a la Violencia Familiar, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Instituto Nacional de las Mujeres o los Institutos Estatales.
Negativa de registro de nacimiento de una niña o niño	Juez de lo familiar/civil.
Divorcio	Registro Civil o Juez de lo civil/familiar
Transgresiones a derechos de niñas, niños y adolescentes	Procuradurías de Protección.
Sucesiones y herencias	Juez de lo civil/familiar
Pensiones de Seguridad Social	Instituciones para atención al derechohabiente (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, etc.) y/o los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Esos organismos reciben quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de las familias y las personas que las conforman, que hayan sido cometidas por servidores(as) públicos(as) federales y locales o con su anuencia, es decir, ante cualquier acción u omisión que lesione algún derecho, se podrá realizar una investigación que derivará en una conciliación de intereses, o en la emisión de recomendaciones a las autoridades para que restituyan los derechos transgredidos y reparen el daño a quienes resulten afectados con su actuación.